Prórroga DNU 320-2020 C/ DNU 766-2020

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Prorróganse hasta el 31 de enero de 2021 los plazos previstos en el artículo 2º del Decreto N° 320/20.

ARTÍCULO 2º.- PRÓRROGA DE CONTRATOS: Prorrógase hasta el 31 de enero de 2021 el plazo de vigencia de los contratos indicado en el primer párrafo del artículo 3° del Decreto Nº 320/20, para los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de enero de 2021.

ARTÍCULO 3º.- CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Prorrógase, en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021, el plazo previsto en el artículo 4º del Decreto N° 320/20.

ARTÍCULO 4º.- SUBSISTENCIA DE FIANZA: Prorrógase hasta el 31 de enero de 2021 el plazo previsto en el artículo 5º del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 5º.- DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO: Prorrógase hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 6º del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 6º.- DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Prorrógase hasta el 31 de enero de 2021 el plazo establecido hasta el día 30 de septiembre de 2020, previsto en el artículo 7º del Decreto N° 320/20.

Asimismo, prorrógase hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 7º del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 7º.- MEDIACIÓN OBLIGATORIA: Extiéndese por el plazo de SEIS (6) meses, a partir del 30 de marzo de 2021, la suspensión establecida en el artículo 12 del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 9°.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ – Santiago Andrés Cafiero – María Eugenia Bielsa

NUEVA LEY DE ALQUILERES 27.551

Ley 27551

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

TÍTULO I

Reformas al Código Civil y Comercial de la Nación

Artículo 1°- Sustitúyase el artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 75: Domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan.

Art. 2°- Sustitúyase el artículo 1.196 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.196: Locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario:

a) El pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes;

b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler. El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un mes de alquiler. El reintegro deberá hacerse efectivo en el momento de la restitución del inmueble. En el caso de existir alguna deuda por servicios públicos domiciliarios o expensas, correspondientes al período contractual y que al momento de la entrega del inmueble no hubiese sido facturada, puede acordarse su pago tomando al efecto los valores del último servicio o expensas abonado, o bien el locador puede retener una suma equivalente a dichos montos como garantía de pago. En este último caso, una vez que el locatario abone las facturas remanentes, debe presentar las constancias al locador, quien debe restituir de manera inmediata las sumas retenidas;

c) El pago de valor llave o equivalentes; y

d) La firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original.

Art. 3°- Sustitúyase el artículo 1.198 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.198: Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres (3) años, excepto los casos del artículo 1.199.

El locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa.

Art. 4°- Sustitúyase el artículo 1.199 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.199: Excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a:

a) Sede de embajada, consulado u organismo internacional, y el destinado a habitación de su personal extranjero diplomático o consular;

b) Habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los tres (3) meses, se presume que no fue hecho con esos fines;

c) Guarda de cosas;

d) Exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial.

Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado.

Art. 5°- Sustitúyase el artículo 1.201 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.201: Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario.

En caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí, con cargo al locador, una vez transcurridas al menos veinticuatro (24) horas corridas, contadas a partir de la recepción de la notificación.

Si las reparaciones no fueran urgentes, el locatario debe intimar al locador para que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a diez (10) días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente.

En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aun si el locador se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo.

Art. 6°- Sustitúyase el artículo 1.203 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.203: Frustración del uso o goce de la cosa. Si por causas no imputables al locatario, éste se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes.

Art. 7°- Agréguese como artículo 1.204 bis del Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:

Artículo 1.204 bis: Compensación. Los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme las disposiciones de esta sección, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos.

Art. 8°- Sustitúyase el artículo 1.209 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.209: Pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias.

Art. 9°- Sustitúyase el artículo 1.221 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.221: Resolución anticipada. El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario:

a) Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido seis (6) meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un (1) mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un (1) mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un (1) mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de tres (3) meses o más, transcurridos al menos seis (6) meses de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto.

b) En los casos del artículo 1.199, debiendo abonar al locador el equivalente a dos (2) meses de alquiler.

Art. 10.- Agréguese como artículo 1.221 bis del Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:

Artículo 1.221 bis: Renovación del contrato. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los tres (3) últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente, a efectos de acordar la renovación del contrato, en un plazo no mayor a quince (15) días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente.

Art. 11.- Sustitúyase el artículo 1.222 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.222: Intimación de pago y desalojo de viviendas. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a diez (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar de pago.

La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aun si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo.

Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales.

En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, éste puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo.

Art. 12.- Sustitúyase el artículo 1.351 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 1.351: Intervención de uno o de varios corredores. Si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes según el artículo 1.346. No existe solidaridad entre las partes respecto del corredor. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos solo tiene derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente.

En las locaciones de inmuebles la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme la legislación local.

TÍTULO II

Regulación complementaria de las locaciones

Art. 13.- Garantía. En las locaciones habitacionales, en el caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos dos (2) de las siguientes garantías:

a) Título de propiedad inmueble;

b) Aval bancario;

c) Seguro de caución;

d) Garantía de fianza o fiador solidario; o

e) Garantía personal del locatario, que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. En caso de ser más de un locatario, deben sumarse los ingresos de cada uno de ellos a los efectos de este artículo.

El locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a cinco (5) veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso e), en el cual puede elevarse dicho valor hasta un máximo de diez (10) veces. Bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario.

En los supuestos de los incisos b), c) y d), la reglamentación debe establecer los requisitos que deben cumplir las personas que otorguen estas garantías así como las características y condiciones de las mismas.

Art. 14.- Ajustes. Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.

En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario.

A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Art. 15.- Consignación. Si el locador de un inmueble se rehusare a cobrar el canon locativo, según lo dispone el artículo 1.208 del Código Civil y Comercial de la Nación, el locatario debe intimarlo de manera fehaciente a que lo reciba dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación. En caso de silencio o negativa del locador, el locatario, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en la notificación, debe proceder a la consignación judicial del monto adeudado, o mediante cheque cancelatorio, de conformidad con las previsiones de la ley 25.345 y regulaciones del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a las modalidades que fijen al efecto las distintas jurisdicciones provinciales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su caso el Banco Central de la República Argentina, estando los gastos y costas correspondientes a cargo del locador.

Art. 16.- Los contratos de locación de inmueble deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debe disponer un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes. El incumplimiento del locador lo hace pasible de las sanciones previstas en la ley 11.683 (t. o. en 1998 y sus modificaciones).

Cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) sobre la existencia del contrato, a los fines de que tome la intervención que corresponda.

Sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) a los fines dispuestos en el presente artículo, en los términos que esta autoridad disponga.

TÍTULO III

Programa Nacional de Alquiler Social

Art. 17.- Alquiler social. Créase el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal.

Art. 18.- Organismo rector. El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda, es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar el Programa Nacional de Alquiler Social creado por el artículo 17 de la presente norma.

Art. 19.- Medidas de implementación del programa. La Secretaría de Vivienda, para garantizar el logro de los objetivos del Programa Nacional de Alquiler Social creado por el artículo 17 de la presente norma, debe:

a) Tener especial consideración con las personas que se encuentren en situación de violencia de género en el marco de lo previsto en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.485 y por las personas adultas mayores, velando por la no discriminación de las mismas;

b) Promover, a través de los organismos competentes, la regulación del accionar de entidades que otorguen garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas;

c) Propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos a efectos de facilitar el acceso a la locación de viviendas;

d) Diseñar e implementar mecanismos orientados a ampliar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda;

e) Promover en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social la adopción de medidas que permitan facilitar el acceso al alquiler a jubilados, pensionados y titulares de la prestación por desempleo;

f) Adoptar cualquier otra medida en su carácter de organismo rector que tenga por objeto facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler para todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad;

g) Fomentar la creación de mecanismos tendientes a asegurar el efectivo cumplimiento por parte del locador y del locatario de las obligaciones a su cargo;

h) Apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler, siempre que el destino de la locación sea el de vivienda familiar única en los términos y con los alcances que establezca la reglamentación;

i) Promover, a través de los organismos competentes la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres y las indemnizaciones por daño y ocupación indebida del inmueble;

j) Generar alternativas para la resolución de conflictos entre locador y locatario, en general dictar o propiciar todo tipo de medidas orientadas a favorecer y ampliar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda y facilitar el acceso a dicha modalidad contractual.

Art. 20.- Facúltase a la Secretaría de Vivienda o el órgano que en el futuro la reemplace a dictar las medidas que resulten pertinentes a los fines de la adecuada implementación del Programa Nacional de Alquiler Social creado por el artículo 17 de la presente norma.

TÍTULO IV

Métodos alternativos de resolución de conflictos

Art. 21.- Resolución de conflictos. El Poder Ejecutivo nacional, a través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe realizar las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje, gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa.

Art. 22.- Modificación de la ley 26.589. Sustitúyase el artículo 6° de la ley 26.589, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6°: Aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. En los casos de ejecución el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria es optativo para el reclamante sin que el requerido pueda cuestionar la vía.

Art. 23.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y serán aplicables para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia.

Art. 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

REGISTRADA BAJO EL N° 27551

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA – SERGIO MASSA – Marcelo Jorge Fuentes – Eduardo Cergnul

e. 30/06/2020 N° 25910/20 v. 30/06/2020

Fecha de publicación 30/06/2020

DECRETO 714/2020 Reapertura de la oficina post- aislamiento obligatorio

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INMOBILIARIA
• La atención profesional será realizara de Lunes a Viernes de 10 a 13hs,
• El profesional matriculado, deberá utilizar barbijos comunes, no quirúrgicos.
•Los clientes que ingresen, deberán higienizar sus manos con alcohol en gel y llevar colocado un barbijo o tapa boca, nariz y mentón.
• Se atenderá ÚNICAMENTE con turno y se espaciarán los turnos de atención cada 15 minutos.
• El cliente no debe concurrir acompañado.
• Se pide colaboración para el cumplimiento de las medidas universales para prevenir la transmisión de
virus respiratorios.

Muchas gracias !

 

 

PRÓRROGA DNU 297/2020

12- ABRIL 2020

CONFORME LAS BASES DEL DNU 297/2020, LA PRÓRROGA ESTABLECIDA EL 31 DE MARZO 2020 CON EL DNU 325/2020, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN HA PRORROGADO NUEVAMENTE HASTA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2020 INCLUSIVE, LA VIGENCIA DEL DECRETO 297/2020.

DNU 325/2020 PRÓRROGA DNU 297/2020

31-MARZO 2020

EN EL DÍA DE LA FECHA EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN HA PRORROGADO LA VIGENCIA DEL DECRETO N° 297/20, AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2020 INCLUSIVE

DNU 320/2020

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 320/2020

29/03/2020 – ALQUILERES

Debido a las condiciones actuales y la imposibilidad de que se reúnan ambas Cámaras para la sanción de una ley, se implementó a través del mecanismo constitucionalmente permitido el DNU 320/2020 que regula los ALQUILERES en el marco del contexto que estamos viviendo. Los considerandos se desarrollaron en base al DNU 260 del 12/03/2020 que amplió la emergencia sanitaria establecida por ley 27.541

De manera deberemos adecuarnos en los próximos tiempos conforme al DNU 320/2020:

DESALOJOS:

Quedan suspendidos en todo el territorio nacional hasta el 30/09/2020 los desalojos en todo el territorio nacional de:

1 – De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural.

2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares.

3. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.

4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo,
destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

6. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas
inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Siempre que:

Que el juicio se haya promovido por FALTA DE PAGO.

La TENENCIA se encuentre en manos de la parte locataria, sus continuadores en los términos del artículo 1190 del CCCN, sucesores, o sublocatarios si existieran.

 

PRÓRROGAS:

Se prorrogan automáticamente hasta el 30/09/2020 todos los contratos que involucran los inmuebles descriptos anteriormente, cuyos vencimientos operen a partir del 20/03/2020, en los cuales la TENENCIA esté en manos de la parte locataria, sus continuadores, sucesores, sublocatarios.

Esto involucra los contratos vencidos y que por cualquier motivo no fueron renovados o los que fueron renovados. Todos automáticamente quedan prorrogados.

CONGELAMIENTO DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES

Se congela el precio de los alquileres de los inmuebles:

1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural.

  1. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u
    otros alojamientos similares.
  2. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.
  3. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.
  4. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo,
    destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.
  5. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.
  6. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.
  7. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas
    inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

HASTA  el 30/09/2020

Los alquileres correspondientes a los meses abril a septiembre de 2020 podrán abonarse al valor abonado en MARZO 2020, quedando congelado el importe aun cuando se haya pactado un precio total del contrato. Si el contrato está en vigencia, el pago del alquiler será hasta el 30/09/2020 el mismo. Si no fue renovado sucederá de idéntica forma.

La deuda por diferencia de precio entre lo que debía pagar el locatario y lo que efectivamente abonó por el congelamiento, se abonará en 3 cuotas mensuales sin intereses, a pagar desde octubre (lo podrá hacer hasta en 6 cuotas mensuales con el pago de los canones locativos de octubre 2020 a marzo 2021.

Este procedimiento se dará aun cuando el contrato haya vencido.

No se aplicarán intereses MORATORIOS, COMPENSATORIOS, PUNITORIOS ni ninguna penalidad prevista en los contratos. Las partes podrán pactar una forma de pago distinta siempre y cuando no sea gravoso para el locatario.

¿QUÉ SUCEDE CON LAS DEUDAS POR FALTA DE PAGO ?

El DNU 320/2020 no prevé la exoneración de los alquileres, por lo que prevee que, antes la falta de pago, el pago fuera de fecha o los pagos parciales podrán ser pagados entre 3 y 6 cuotas a partir de Octubre 2020. Se podrá aplicar solamente un INTERÉS COMPRENSATORIO (tasa plazo fijo 30 días Bco. Nación).

Se podrá pactar una modalidad de pago distinta entre las partes siempre que no sea gravosa al locatario.

¿ SUBSISTE LA FIANZA ?

Si bien el art. 1125 CCCN prevé aspectos para la caducidad de la fianza, ni el art.1596 CCCN en cuanto a las causales de extinción de la fianza SE MANTIENE VIGENTE LA FIANZA hasta el 30/09/2020. Este es un elemento importante teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación y la lógica indica que es un recurso adecuado a fin de preservar el equilibrio de las prestaciones.

En este caso el locatario podrá pagar o no (no habrá necesidad legal de invocar causa), la única diferencia que en el segundo caso deberá abonar en cuotas y con intereses compensatorios.

BANCALIRACION DE LOS ALQUILERES

Debido a que el DNU 297/2020 prevé el aislamiento obligatorio, no pudiendo las inmobiliarias cobrar los alquileres en sus oficinas como habitualmente se hacía, el locador a partir del 30/03/2020 deberá brindarle al locatario el CBU de una cuenta bancaria – si lo prefiere – transferir el alquiler o depositar por cajero automático.

EXCEPCIÓN – VULNERABILIDAD DEL LOCADOR

Queda exceptuada la aplicación del DNU 320/2020 cuando el cobro del alquiler sea único ingreso o complemento a su haber jubilatorio/pensión para su subsistencia diaria, para cubrir sus necesidades básicas o la de su grupo familiar primario y conviviente. Debiendo el locador acreditar estos extremos.

Habría que ver en función de la urgencia del locador, de qué forma el mismo deberá acreditar y en caso de controversia frente a la oposición del locatario ver el mecanismo y tiempo que llevará.

 

DNU 297/2020

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Decreto 297/2020 – 19/03/2020

Habiéndose declarado por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020  la emergencia pública en materia sanitaria sobre la base de la Ley N° 27.541, y debido a que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del coronavirus como PANDEMIA, luego que el número de personas infectadas por COVID-19 siga incrementándose nivel mundial  y llegara a nuestro país, y la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional se incremente, se adoptan medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia con el objetivo de proteger la salud pública, por lo que el Gobierno Nacional establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. La prohibición incluye desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

Si bien nuestra Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: garantiza el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, HAN considerado y limitado estos derechos por razones de orden público, seguridad y salud pública.

El presente decreto regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

CORONAVIRUS

DE ACUERDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19, TOMAMOS LA DECISIÓN DE CERRAR LAS PUERTAS DE LA OFICINA POR UNOS DÍAS.

SEAMOS CONSCIENTES QUE LA ÚNICA FORMA DE FRENAR EL VIRUS ES GUARDÁNDONOS EN CASA.

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Repercusión por el tratamiento de la nueva la ley de alquileres

Desde el sector inmobiliario aseguran que el proyecto de Ley de Alquileres es “populista, demagógico y electoralista”

Así lo declaró Armando Pepe, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño. Entidades que agrupan a inmobiliarias, martilleros, propietarios y desarrolladores afirman que “irán a la Justicia” si se aprueba la norma

Luego del encuentro que tuvieron el lunes con funcionarios del Gobierno, los representantes de distintas entidades que agrupan a inmobiliarias, martilleros, propietarios y desarrolladores aseguraron que aún no tienen ninguna certeza de que las modificaciones que propusieron finalmente se apliquen al proyecto de Ley de Alquileres que, insisten, tendrá un impacto negativo en la actividad y que perjudicará tanto a propietarios como a inquilinos.

Se espera que el proyecto de Ley de Alquileres —que entre otros puntos extiende el contrato a un mínimo de tres años e impide a los corredores inmobiliarios cobrar comisión a los inquilinos— se debata en Diputados en las próximas semanas. Pero desde el sector ya advierten que, en caso de aprobarse y de no contemplar la posibilidad del cobro de honorarios, recurrirán a la Justicia para solicitar medidas cautelares que impidan su implementación.

 Es la primera vez que pudimos reunirnos con el Gobierno por el tema, sentarnos en una mesa. Pero no acordamos ni consensuamos nada

“Es la primera vez que pudimos reunirnos con el Gobierno por el tema, sentarnos en una mesa. Pero no acordamos ni consensuamos nada”, aclaró Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) sobre la reunión del lunes. “Es un proyecto de ley populista, demagógico y electoralista. Quieren hacer desaparecer la figura del corredor inmobiliario“, agregó.

El presidente del colegio advirtió que si la ley se aprueba sin cambios recurrirán a la Justicia para solicitar recursos de amparo. “Vamos a llegar a la Corte Suprema si es necesario”, dijo.

Consultado por Infobae, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky, impulsor del proyecto, señaló que se recibieron las propuestas de las cámaras, pero que todavía no se llegó a consensuar ninguna modificación, porque primero deben acordar con una parte de la oposición. “Ahora veremos el texto con los legisladores que dictaminaron con disidencias parciales para llevarlo al recinto”, precisó.

Aquí los principales puntos del proyecto a los que se opone el sector inmobiliario:

– Un plazo mínimo de tres años para los contratos de alquiler. Si la ley no se modifica, aseguran que también incluiría a los alquileres comerciales.

– Imposibilidad de cobrar honorarios a los inquilinos. Solo podrán cobrar un mes de comisión a los propietarios. “Si la propiedad se alquila por seis años, ¿solo puedo cobrar un mes de comisión? Así van a cerrar todas las inmobiliarias”, señaló Pepe.

– Que el tipo de garantía a presentar (recibos de sueldos, garantía real, garantía bancaria, seguros) sea una opción de los inquilinos y no de los propietarios.

– Índice de ajuste semestral, determinado por la inflación y la evolución de los salarios. Aunque el Gobierno, luego de la reunión, aceptaría que se modifique y se base en el índice UVA.

– Arreglos en la propiedad a cargo de los propietarios.

– Rescisión del contrato por parte del inquilino en cualquier momento. Hoy la ley establece que como mínimo el locatario debe permanecer seis meses en la propiedad antes de rescindir el contrato de alquiler y que debe avisar con dos meses de anticipación.

 Es un proyecto de ley populista, demagógico y electoralista. Quieren hacer desaparecer la figura del corredor inmobiliario

“Con esta ley están perjudicando al sector que dicen proteger para tapar las falencias por las que hoy muchos locatarios no pueden acceder o pagar un alquiler”, indicó Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de CABA. “Cuando un propietario tiene un inquilino que no paga por dos meses tiene que poder sacarlo en dos meses. No esperar dos años. Y eso los legisladores lo saben“, agregó.

 

Las entidades del sector presentaron su posición en una conferencia de prensa (CUCICBA)

Para Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, la rentabilidad de los alquileres para los dueños está en sus mínimos históricos, con un ingreso por debajo del 3% anual. “Es consecuencia de la mala praxis económica del Gobierno. Esto va a impactar en todo el mercado“, precisó. “Que el locatario pague un mes de garantía por todo el contrato es un verdadero disparate”, agregó.

En la conferencia, los representantes del sector también detallaron que en el último año cerraron unas 500 inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires. Armando Pepe estuvo acompañado también por autoridades de otras cámaras: Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos; José María Sacco, del Colegio de Martilleros y Corredores de la provincia de Buenos Aires, Miguel Camps, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina; Alejandro Bennazar, de la Cámara Inmobiliaria Argentina; Eduardo Di Fini, del Centro de Corredores Inmobiliarios de CABA; Juan Carlos De Caria, de la Asociación Americana de Martilleros y Corredores Públicos; Alberto Bieule, de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios; y Fabián Castillo, de FECOBA (Federación de Comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires).

FUENTE: INFOBAE

Detalles de la nueva ley de alquileres

El mercado de alquileres se manejará con nuevas reglas. El presidente Mauricio Macri hizo público que promoverá modificaciones al actual esquema para favorecer a los inquilinos.

La iniciativa –que ya cuenta con media sanción del Senado– incorporará algunos cambios, los que se tratarán en comisión en la Cámara de Diputados el próxima martes.

“Buscamos darles a los inquilinos soluciones concretas a los problemas típicos: lo difícil que es conseguir una garantía, quién se hace cargo de la comisión y con qué criterio se actualiza el alquiler”, dijo Macri.

La nueva iniciativa toma como base puntos incluidos en la media sanción, más un proyecto del diputado oficialista Daniel Lipovetzky, y modificaciones que se vienen trabajando en el marco de la Comisión de Legislación General junto a organizaciones de inquilinos y los equipos técnicos del Poder Ejecutivo.

Los 6 cambios destacados que tendrá la nueva ley de alquileres:

1– La iniciativa prevé que se podrán usar garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad como respaldo.

2– Establece que el valor del alquiler se podrá actualizar cada seis meses en base al coeficiente de variación salarial (promedio entre salario e inflación).

3– Prevé que la comisión de la inmobiliaria la pague solo el propietario.

4– Establece que el plazo mínimo de contrato se extiende a 3 años.

5– Se ratifica que las expensas extraordinaria son a cargo del propietario no del inquilino.

6– Finalmente se establece que en caso de que no haya acuerdo entre las partes para la renovación del alquiler, el inquilino puede dejar el inmueble dos meses antes de que termine el contrato sin pagar multa.

Finalmente el mandatario les pidió celeridad a los legisladores para su sanción. “Espero que este tema avance pronto en el Congreso”, concluyó.

Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos Nacional, manifestó su satisfacción y a través de él la de casi 8.000.000 de inquilinos en todo el país.

“Estamos muy conformes con la llegada de este día; hace tres años que peleamos para que se sancione esta ley. Es fundamental que el Congreso vote esto para regular al mercado y el precio de los alquileres, que está ahogando a los inquilinos, antes de diciembre”, agregó. La urgencia responde a que a fin de año la iniciativa pierde estado parlamentario.

Según estadísticas privadas, hoy en día en la Argentina el precio del alquiler de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires representa el 50% de los ingresos de una familia.

En diálogo con Infobae, Muñoz destacó que los puntos fundamentales de la ley (que el valor del alquiler se actualice en base al coeficiente de variación salarial y la extensión de los contratos a 3 años) fueron tomados del proyecto que presentaron desde la Asociación. “Esto era algo fundamental que estábamos reclamando”, enfatizó.

El mercado de los alquileres porteños se mueve con un crecimiento en la demanda y con subas que acompañan los niveles de inflación.

Según el último relevamiento de la plataforma inmobiliaria Zonaprop, en lo que va del 2018 los precios aumentaron 27%, unos puntos por encima de la inflación que acumula 24,3% hasta agosto.

“En general es un muy buen proyecto, con bastante equilibrio, tratando de proteger al sector más débil de la relación, que es el inquilino”, destacó Lipovetzky.

Una vez que la Cámara baja apruebe el proyecto con las modificaciones, volverá al Senado para su sanción definitiva, y posterior promulgación en el Boletín Oficial.

 

FUENTE: INFOBAE

La renta por alquiler cayó 2 puntos en un año y no llega al 3,5 % anual

Debido al aumento diferencial entre las cotizaciones de venta por efecto de la devaluación y los valores locativos, la rentabilidad anual de los alquileres de departamentos, se redujo casi 2 puntos con relación al año pasado cuando alcanzaba el 5,38 % en promedio para departamentos de 1,2 y 3 ambientes. Actualmente ese promedio de rendimiento por alquiler es de sólo el 3,41 % anual.

La rentabilidad promedio máxima se obtiene en departamentos de 2 ambientes donde actualmente llega al 3,55. Para el caso de los monoambientes es del 3,38 % mientras que una unidad de dos dormitorios brinda una renta anual del 3,31 %.

FUENTE: © ReporteInmobiliario.com

 

Alquileres temporarios, el negocio que viene

La debacle cambiaria modificó bruscamente el contexto económico, incluido el negocio inmobiliario. La brisa de los créditos UVA fue sólo eso, una suave brisa.

Sin duda una de las perlitas está en el negocio de la renta temporaria, un segmento que recibirá un fuerte viento de cola en los próximos meses.

La razón es simple, tanto los principales inversores de este negocio como los usuarios finales se vieron beneficiados por el salto del dólar, que promete mirar de lejos a la inflación por un largo tiempo, y por ende, abaratar fuertemente las ofertas de nuestro país en dicha moneda.

Hoy, con un costo de construcción que bajó en dólares y un horizonte de rentabilidad promisorio para este tipo de inversión, no sería de extrañar que este público vuelque sus agro dólares en la compra de este tipo de unidades al pozo.

Del otro lado tenemos al usuario final, en su mayoría compuesto por estudiantes extranjeros y turistas que de un día para el otro se les presentó un país baratísimo en dólares.

Y si a esta ventaja le sumamos que Argentina cuenta con la mejor universidad pública de Iberoamérica, según los últimos rankings globales, y un sistema médico profesional de excelencia, entonces no tardaremos en ver en los próximos meses un aluvión de estudiantes extranjeros universitarios y de posgrados, así como de residentes médicos.

El turismo, por su parte, otro segmento que consume cada vez más alquileres temporarios y que venía creciendo en los últimos años producto de políticas de incentivo, como la llegada de las low cost, con este dólar desfasado, simplemente, explotará.

En resumen, el mercado de los alquileres temporarios promete ser un oasis en medio de la sequía que se avecina para el real estate.

FUENTE Data Estate

Inmuebles residenciales: mucha especulación y pocas operaciones

El mercado de compra-venta de inmuebles residenciales está frenado. La oferta no quiere moverse y la demanda espera que los precios bajen.

La compra-venta de inmuebles sufrió este año dos impactos fuertes que no se esperaban. Por un lado, una cambio en las condiciones para obtener un crédito UVA, que fue durante 2017 el motor del mercado y ahora exigen mayores ingresos e imponen mayores tasas; el segundo, una devaluación que en cuatro meses duplicó del precio de las viviendas en pesos.

El impacto se sintió fuertemente en el mercado y la consecuencia fue la paralización automática de todas las operaciones, las que estaban en marcha a punto de cerrarse como aquellas que estaban en pleno proceso de búsqueda.

En el sector no se muestran sorprendidos, ya acostumbrados a estos cambios de escenario, y consideran que la reacción está en línea con lo que sucedió históricamente: cuando hay cambios macroeconómicos tan bruscos, sumada la incertidumbre, la especulación se adueña del negocio. Y la pregunta que aparece es qué pasará con los precios y cuánto podrían bajar si la oferta está urgida de cerrar la operación.

 

PRECIOS INMOBILIARIOS: En relación a los valores actuales, los valores se mantienen. Los propietarios no está dispuestos a rebajar los valores de su propiedad, y salvo que tengan mucha necesidad de vender, esperarán que el mercado se calme.

Los más buscados Las pocas operaciones que se realizan, son aquellas que no dependen del crédito hipotecario y que pertenecen al segmento premium.

 

Donde surgen algunas diferencias es en la oportunidad para invertir desde pozo. En este caso, hay diferentes posturas y para algunos es una opción, mientras que otros descreen de la conveniencia.

Conclusiones y futuro Es muy difícil hacer predicciones en un contexto de incertidumbre, pero por la historia y todo lo que pasó en cada momento de crisis que atravesó el país, los especialistas coinciden en que no habrá una baja en los valores del metro cuadrado y con el tiempo el mercado convalidará los precios actuales. Sí, están convencidos, que se frenará la tendencia al alza.


FUENTE © ReporteInmobiliario.com, lunes 24 de septiembre de 2018

Caída en las ventas

Las ventas de inmuebles en CABA cayó en agosto un 24,5 %

El acumulado anual aún sigue siendo positivo y supera en un 9,36 % al número de compraventas realizado entre enero y agosto del año pasado.

 

 

Según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de bs As, la cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en el octavo mes de 2018 una baja de 24,5% respecto del nivel de un año antes, al sumar 4.549 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas creció 22.5%, con $17.175 millones,

En comparación con julio de 2018, los actos crecieron un 3.3 % en cantidad y 6,1 % en pesos.

El monto medio de los actos fue de $3.775.612 (122.148 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): creció 62.3%en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense bajó 7%.

 

En agosto, las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 639 casos, 60,2% menos que las registradas un año antes, y también descendieron un 5,2% respecto a julio de este año. Representaron el 14% del total, frente a 26,6% de un año antes.

Si se mide una comparación de los primeros 8 meses, 2018 da un crecimiento del 9,4%respecto del mismo período de 2017: 40.030 escrituras contra las 36.605 de los primeros 8 meses del año pasado. Otro dato: a pesar de la crisis cambiaria las últimas cifras de escrituras siguen ubicándose aún por encima de los valores mostrados post corralito y/o post cepo cambiario.

FUENTE: © ReporteInmobiliario.com

 

 

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Inconstitucionalidad de la tasa ABL en barrios privados

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dio lugar a la demanda promovida por Los Cipreses SA y un grupo de 36 vecinos del barrio privado La Reserva (Km 5,8 de La Carrindanga), reconociendo la inconstitucionalidad de la “tasa de servicios indirectos y directos varios” que les cobra el municipio.

El fallo, conocido la semana última, se opone al emitido en marzo de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo local, el cual había rechazado esa demanda por considerar que no había argumentos sólidos que la respaldaran.

Para los demandantes –patrocinados por el abogado Sebastián Marcos– el municipio les cobra la mencionada tasa “como una alternativa a la de alumbrado, barrido y limpieza (ABL)”, la cual no puede cobrarles por ser afrontado ese servicio por los propietarios mediante las expensas.

“La municipalidad creó un tributo sobre servicios absolutamente abstractos, tal resulta ser la tasa por servicios indirectos”, indican.

En el fallo que en principio rechazó ese planteo, se consideró que la tasa cuestionada “no contenía elementos contrarios o lesivos a la constitución”, ni tampoco “violenta el principio de legalidad tributaria”.

Por otra parte, de no cobrarse, “estaría colocando a los vecinos de La Reserva en una situación de privilegio, beneficiados por servicios que no retribuyen”.

La tasa de servicios indirectos, según la define la ordenanza fiscal, comprende tareas desarrolladas por la municipalidad que benefician también a los habitantes de La Reserva.

Esas prestaciones son variadas, por caso la conservación y mejorado de la calle de acceso al barrio, tareas de defensa civil, mantenimiento de espacios verdes, ruidos molestos, limpieza de alcantarillas, desmalezamiento y combate de plagas, entre otras.

La otra visión

La Cámara de Mar del Plata, al dar lugar al planteo vecinal de inconstitucionalidad del tributo, menciona que la tasa fue creada “con la exclusiva finalidad de obtener ingresos para financiar la actividad general del estado” y que las pericias contables demuestran que es una recaudación que ingresa a rentas generales, sin tener una designación específica”.

Por eso la compara con el impuesto sobre los bienes personales, “lo que violenta la garantía constitucional de igualdad”.

También consideró que la municipalidad “no justificó su pretensión de cobrarla ni explicó como esos servicios externos y genéricos benefician al propietario de un inmueble en el barrio cerrado”.

“Si bien puede ser cierto que algún vecino se beneficie con, por ejemplo, un control de plagas, no lo es menos que esa tarea es dirigida a la totalidad de los habitantes de la ciudad”, sugiere la Cámara.

Por último, los jueces mencionan que el hecho que los propietarios de los barrios privados no paguen el ABL “no justifica que la comuna los persiga con el cobro de la tasa de servicios indirectos”, considerando que tal postura “afecta el principio constitucional de legalidad tributaria”.

Las voces

La titular de la Asesoría Letrada de municipio, Karina Mahon, anticipó a La Nueva. que la municipalidad apelará –ante al suprema corte provincial–, el fallo de la Cámara de Mar del Plata, ente que decidirá la suerte final de la medida. Sin embargo, previendo que esa resolución quede firme, alertó de la situación a la secretaría de Hacienda municipal para que considere la afectación tributaria que puede generar y las alternativas viables.

El abogado Sebastián Marco, representante de los vecinos de La Reserva, puntualizó que el planteo de los vecinos se presentó en 2014 y mencionó que la inconstitucionalidad de este tipo de tasa ya se verificó en otros barrios cerrados de la provincia.

“Es algo que se cobra sin que haya contraprestación alguna, lo cual es inconstitucional”, indicó.

El futuro

   De ratificarse el fallo que declara inconstitucional la tasa de servicios indirecta, la misma dejará de cobrarse a los 36 firmantes de la presentación judicial.

Generará además una jurisprudencia que habilitará a los habitantes de los barrios cerrados locales a plantear el mismo derecho.

Hoy la ciudad cuenta con tres urbanizaciones cerradas (Solares Norte, Bosque Alto y La Reserva) con un total de 710 parcelas.

Si se toma que cada una paga de tasa indirecta unos 15 mil pesos al año, significa que el municipio resignaría el cobro de 10,6 millones de pesos.

 

 

FUENTE: DIARIO LA NUEVA PROVINCIA

Procrear para jóvenes 10-2017

La nueva línea de créditos Procrear para acceso a la vivienda, está destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años, a la que se puede ingresar incluso con ingresos informales y sin ahorro previo, para poder ser postulantes del sorteo, y finalmente seleccionados para un préstamo.

Pese a que uno de los objetivos perseguidos por el Procrear Ahorro Joven era incluir en el programa a los trabajadores que no cuentan con un empleo registrado, la mayor parte de los anotados hasta el momento tiene remuneraciones en blanco.

El Procrear Ahorro Joven prevé otorgar préstamos para la compra de una propiedad que tenga un valor de hasta $ 1,2 millones y un subsidio máximo de hasta 240.000 pesos. Los interesados deberán ahorrar durante doce meses el equivalente al 5% del valor de la propiedad, es decir, 60.000 pesos, a través de un plazo fijo en UVA, que se actualiza por inflación.

La inscripción cierra el 15 de noviembre 2017

Créditos hipotecarios UVA 09-2017

Nueva línea de créditos hipotecarios UVA: apunta a las personas que aspiran a comprar una vivienda de mayor valor, antes de vender su residencia actual.

Herramienta destinada a la adquisición de vivienda única de habitación familiar y permanente, que no aplica IVA sobre intereses y posibilita la financiación de las dos viviendas sin afectar la relación cuota-ingreso.

La línea contempla dos préstamos individuales y simultáneos para el financiamiento en UVA de hasta el 50% de la propiedad actual y hasta el 75% de la vivienda nueva por hasta $ 5 millones y a una tasa de hasta 8,15% (ajustable en UVA). La cancelación del saldo de capital e intereses de la propiedad anterior se concretará a los 12 meses del otorgamiento o al momento de la venta, de acuerdo a lo que ocurra primero. El préstamo sobre la nueva vivienda se abonará mensualmente desde los 30 días de realizada la compra e hipoteca a un plazo máximo de 30 años.

Nuevos créditos hipotecarios – 04-2017

Los créditos destinados a la adquisición de vivienda podrán ser cancelados en un plazo de hasta 30 años en cuotas que se ajustarán a través de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que evoluciona en función del Índice de Precios al Consumidor.

Los bancos públicos financiarán entre el 75 y 85% del valor de inmueble, hasta 3.100.000 pesos en el caso de Banco Nación.

Dependiendo la institución que otorgue el crédito, el valor de las viviendas no tendrá tope y se prestará entre 2.000.000 hasta 2.700.000 de pesos para adquisición de viviendas nuevas o usadas.
Podrán obtener un crédito por 1.000.000 de pesos grupos familiares con ingresos de entre 18.500 a 24.000 pesos, en función de una relación cuota-ingreso que oscilará entre el 25 y 30 por ciento.

La extensión de los plazos de pago permitirá que muchos sectores puedan acceder a la obtención de los créditos.

El Banco Nación aplicará una tasa de interés del 3,5 por ciento para sus clientes y del 4,5 para los que no. La cuota mensual oscilará entre 4.600 y 5.000 pesos por cada millón otorgado.

En el caso del Banco Provincia, la cuota por cada millón estará cerca de los 6000 pesos para quienes cobran haberes en la institución, con una tasa del 5,9 por ciento, y del 7,5 por ciento para quienes no lo hacen.

Los créditos seguirán siendo en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lo que permite una cuota inicial baja similar a un alquiler.

Facturación electrónica para contribuyentes de alquileres de viviendas 03-2017

Alquileres de viviendas. Factura electrónica. Resolución General 4004-E AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos mediante la publicación de la Resolución General 4004-E establece las formalidades que debe cumplimentar los contribuyentes referidas a la emisión de comprobantes por alquileres de viviendas.
Entre las principales disposiciones merecen destacarse:

DEROGACIÓN EXCEPCIÓN EMISIÓN FACTURA

Se deroga la excepción existente en la RG 1415 que establecía que no era obligatoria la emisión de comprobantes según las formalidades de dicha RG cuando el importe del alquiler era inferior a los $ 1.500

OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

Se establece la obligación de respaldar las operaciones de locación de inmuebles destinados a casa habitación del locatario mediante la emisión de comprobantes electrónicos.

LOCACIONES CUYO IMPORTE SE PERCIBE A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

Se considerarán válidos las facturas o recibos emitidos intermediarios a su nombre. Los comprobantes extendidos por los aludidos sujetos deberán además indicar el apellido y nombres, denominación o razón social del o los beneficiarios por cuya cuenta y orden se percibe el importe de la locación y la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de los mismos.

CONDOMINIOS

En caso de bienes cuyo dominio pertenezca a más de un titular, la factura o el recibo podrá ser emitido a nombre de alguno de los condóminos, quien deberá ser siempre el mismo mientras perdure el condominio, correspondiendo además indicar en ese comprobante el apellido y nombre o denominación, y la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de los restantes condóminos.

DATOS ADICIONALES A CONSIGNAR EN LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS.

El contribuyente deberá consignar en los campos que se identifican como “Adicionales por RG”, los datos que se indican a continuación:

 

a) Código de Identificación “17” – Dato 01 (Operación facturada a través de intermadiario), Dato 02 (Operación facturada directamente por el propietario del inmueble).

 

b) Código de Identificación “18.1” – Dato a ingresar: Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del propietario del inmueble o de cada uno de los titulares en caso de tratarse de un condominio.

 

c) Código de Identificación “18.2” – Dato a informar: Apellido y nombres, denominación y/o razón social el propietario del inmueble o de cada uno de los titulares en caso de tratarse de un condominio.

EXCEPCIÓN PARA DETERMINADOS MONOTRIBUTISTAS.

Se encuentran exceptuados de la obligación de emisión de comprobantes electrónicos los monotributistas encuadrados en las categorías A, B, C, D y E del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

En estos casos, de no haber ejercido la opción de emitir los comprobantes electrónicamente en forma voluntaria,  los pequeños contribuyentes deberán imprimir comprobantes según lo dispuesto por la Resolución General N° 100.

VIGENCIA

Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

No obstante, respecto de los sujetos encuadrados en las categorías F y G del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), serán de aplicación para los comprobantes que se emitan a partir del 1 de junio de 2017, inclusive.

Para leer la RG ingresa aquí: Resolución General AFIP 4004 – E

 

 

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